Rodolfo Saldain, redactor de la última reforma de la
seguridad social, se refirió en entrevista con Primera mañana (El Espectador) a
la iniciativa plebiscitaria que impulsa el Pit-Cnt, de la que dijo que no solo deroga
la nueva ley, sino que va contra la Ley 16.713 (Ley de Seguridad Social) aprobada
en el año 1997.

“El texto que se está presentando para la recolección de firmas
implica la desinclusión en forma retroactiva en el esquema de ahorro individual
obligatorio de aquellas personas que quedaron incorporadas a partir del 95 en
el esquema de AFAP. Por lo tanto, [para] todos aquellos casos de personas que
en el pasado ya se jubilaron por el régimen mixto, el BPS va a tener que
reliquidar esas jubilaciones”, afirmó el abogado.

“Expresamente lo dice, que es una revocación retroactiva. Eso
tiene un impacto enorme del punto de vista fiscal, pero enorme”, enfatizó.

Saldain dijo que fue a buscar cuáles fueron las estimaciones
que hizo el Pit-Cnt para formar la iniciativa y que “no se encuentran en ningún
lugar”.

“Aparentemente la iniciativa, que tiene claramente un
contenido ideológico muy claro, parecería que se tomó sin considerar cuál era
su impacto financiero. Ese es un tema que llama mucho la atención, sobre
todo porque el Pit-Cnt tiene un equipo potente en el [Instituto] Cuesta Duarte
para conocer los impactos”, cuestionó, y dijo que no tuvo ningún intercambio con
gente de la central sindical.

Consultado sobre si alguna vez se había modificado la
Constitución con carácter retroactivo, Saldain respondió: “Es una locura,
efectivamente, pero bueno, es así el texto que se está proponiendo”.

Afirmó que es el Frente Amplio que ahora tiene que hacer la
valoración para decidir cómo pararse en el debate de si dejar una puerta
abierta o si la iniciativa “merece un rechazo total de entrada”.

Costos fiscales y expropiación

Saldain señaló que uno de los puntos que afectan al coste
fiscal, es la reliquidación de jubilaciones hacia el pasado, cosa que “debe
hacerse de forma inmediata”. Otra es “el establecimiento del mínimo jubilatorio
en el valor del salario mínimo nacional” que “impacta de manera relevante en el
BPS” en la Caja Militar y en la Policial, que “van a subir un número muy
importante de jubilaciones, con independencia de cuál es la situación financiera
de la persona beneficiaria”.

“Realmente el costo de esto, el orden de magnitud, no se
mide en cientos de millones de dólares, andamos más bien en los miles de
millones de dólares anuales. Esto es algo que el BPS está trabajando en su
órbita para tratar de estimarlo y, bueno, esperemos que en breve el BPS nos
pueda informar a la población”, comentó.

El abogado sostuvo que el texto plebiscitar prevé que el 30%
del Producto Bruto Interno (PIB), aproximadamente unos U$S 22.000.000.000, “que son
de un millón y medio de uruguayos” van a dejar de ser de esa gente. Esto se
debe a que se encomienda al BPS a poner ese monto como propiedad fiduiciaria en
un fideicomiso.

“Para que una persona pueda crear un fideicomiso y entregar
algo como propiedad fiduciaria tiene que ser propietario de eso”, apuntó, y
agregó que no se puede entregar algo que es de otra persona, por lo que en la
iniciativa “implícitamente está” que el monto “pasa a ser del BPS y se reafirma
con que al vencimiento de las inversiones que estén hechas, eso va para el BPS”.

“Por lo tanto ese dinero deja de ser de las personas. Pasa a
estar en manos del BPS, pero no a nombre de cada uno, sino en una bolsa
colectiva, es decir que allí es donde está la expropiación de los fondos. Se
expropia al que tiene un saldo muy bajo y al que tiene 10 o 14 millones de
pesos”, remarcó.

“Tratando de atenuar ese impacto el proyecto habla de que se
mantenga la trazabilidad. ¿Qué quiere decir? Jurídicamente es un concepto
vacío, existe para los vacunos. Qué información emana de esa trazabilidad, que
del dinero que tenía y que podría haber sido de mis sucesores si moría, ya no es
mío, sino que va a ser de una masa colectiva”, agregó.

¿A qué cajas afecta?

Saldain sostuvo que la iniciativa echaría por tierra los dos
proyectos de ley que están a estudio del Parlamento: la reforma de la Caja
Bancaria y la de la Caja Profesional. “Si se aprobara ese plebiscito, también desandaría
estos contenidos”.

“Pero no solo está eso. Cae también, va a quedar derogada —porque
ese es el efecto que tiene un cambio constitucional sobre una ley anterior— la
reforma de la Caja Notarial del año 2019, que ya estableció edad jubilatoria de
65 años con 30 años de aportes, esa pasa a quedar derogada si se aprobara este
plebiscito”.

“No solo eso, el Focer, el Fondo de Cesantía y Retiro de la Construcción,
se basa en una cuenta individual también, que en última instancia tiene un
destino jubilatorio. Ese también pasa a estar derogado o debería cambiarse el carácter
individualizado”, destacó Saldain.

Consultado sobre una posible implicancia en el régimen del Servicio
de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (Srpffaa), el abogado explicó que
no se vería afectada la Caja Militar, como se la conoce, ya que queda fuera de
los impactos de esta reforma, porque “no tiene un sistema de ahorro”.

“A la Caja Militar no le afecta para nada. Afecta a algunos
fondos complementarios de previsión social que tienen algunos grupos de
trabajadores, que son también de ahorro individual obligatorio. Ese es el caso
de algún fondo de retiro médico, es el caso de algún fondo de alguna empresa
estatal”, puntualizó el experto en seguridad social.





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