El diputado colorado Felipe Schipani defendió este lunes su proyecto de ley que obliga a jerarcas políticos y cargos de particular confianza a presentar un certificado libre de deuda dentro de los 60 días de asumir sus funciones. La propuesta apunta a asegurar que quienes administran recursos públicos estén al día con sus obligaciones fiscales.
En entrevista con En perspectiva, Schipani explicó que su iniciativa surgió tras polémicas recientes como los casos de Cecilia Cairo y Rodrigo Arim. “Estos sucesos generaron cierto descrédito en el sistema político. El objetivo es recuperar la confianza en la política”, afirmó.
El proyecto abarca a todos los cargos políticos y de particular confianza en la Administración Central, el Poder Judicial, el Legislativo, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales y personas públicas no estatales.
Los funcionarios deberán acreditar no mantener deudas con la DGI, el BPS, el Impuesto de Enseñanza Primaria y el Fondo de Solidaridad. En caso de tener obligaciones pendientes, podrán suscribir convenios de pago hasta en 36 cuotas, como prevé el Código Tributario.
Schipani sostuvo que su propuesta busca establecer un “estándar” más alto para quienes ocupan cargos públicos. “No es estigmatizar, es dar una buena señal. Quienes asumen estas responsabilidades cuentan con un ingreso mensual suficiente para cumplir con sus obligaciones”, argumentó.
El diputado aclaró que no se incluyeron deudas con otros organismos ni tributos departamentales, por la complejidad administrativa que implicaría solicitar certificados en cada intendencia. “Quisimos hacer algo sencillo y efectivo”, señaló.
Consultado sobre la capacidad de control de la JUTEP, Schipani reconoció que actualmente el organismo no cuenta con recursos suficientes para fiscalizar declaraciones juradas. Propuso ampliar sus atribuciones y considerar que las declaraciones incluyan no solo ingresos y patrimonio, sino también el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la formación profesional de los jerarcas.
Finalmente, respondió a críticas que plantean que el proyecto podría excluir a personas de menores recursos: “No pedimos esfuerzos extraordinarios. Los impuestos prescriben y las deudas pueden financiarse con el sueldo público. Es una responsabilidad mínima para quienes gestionan recursos del Estado”, concluyó.
