El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el fiscal General de la Nación brindaron una conferencia de prensa con motivo de la formalización de Ricardo Cáceres, alias «El Ricardito» y de la condena de Luis Alberto «Betito» Suárez.

Al hacer uso de la palabra, Larrañaga sostuvo que con estas actuaciones «se ha dado un nuevo golpe al narcotráfico, llevando adelante la formalización y condena de dos conocidos narcotraficantes participes de una banda de la más significativa en Montevideo de importación de droga y distribución al narco menudeo».

Suárez fue condenado mediante juicio abreviado a dos años y cuatro meses de prisión por tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización. Fue líder de la «Superbanda», el grupo criminal que en la década de los 90 realizaba atracos a entidades financieras.

Suárez fue capturado en 2006 tras un accidente de tránsito en ruta 48 que le costó la vida a cuatro personas, sus tres cómplices y un productor rural que viajaba en el otro vehículo. En agosto de 2018 había sido liberado.

Por su parte, Cáceres tiene 5 procesamientos con prisión y se le suma un sexto por comercialización de estupefacientes y lavados de activos con una condena de 8 años. Quedará en libertad en el año 2030.

El 19 de agosto de 2019 estando en una salida transitoria no retornó. Fue recapturado un mes después. Su pena culminaba a finales de mayo del 2021

Larrañaga dijo que «la Policía desde hace bastante tiempo venía llevando adelante acciones para buscar esclarecer determinados hechos en la participación de uno de ellos que estaba en cárcel (Cáceres) y como consecuencia derivó en la condena de su hermanastro (Suárez)».

«Estos dos narcos utilizan modalidades violentas en lo que hace a su quehacer vinculado al narcotráfico, lo que tenía preocupada a la Policía Nacional y Fiscalía», agregó.

Larrañaga sostuvo que de esta manera «el Estado da un mensaje claro, contundente. Manda la ley, no mandan los delincuentes». «El ataque al tráfico de droga seguramente es lo que puede llevar paz y seguridad a barrios y zonas de nuestra capital y el país en su conjunto», comentó.

Por su parte, el fiscal Díaz explicó que «se trata de una organización de larga data en Uruguay» y sostuvo que Correa «cumplía medidas cautelares y estaba privado de libertad» mientras realizaba las actividades de narcotráfico.

«El primer procesamiento de crimen organizado en enero de 2009 fue de esta organización y por estos delitos. Ambos estaban privados de libertad por otros delitos. Estando presos devinieron en narcotraficantes», recordó Díaz.

«Son dos personas que lideran un grupo muy importante de narcotraficantes, dedicado básicamente a la importación de sustancia de estupefacientes prohibidas, su distribución en el territorio, principalmente en Montevideo, abasteciendo las bocas de pasta base», añadió.

El fiscal de Corte sostuvo que utilizan «medios violentos para asegurar el resultado de su actividad de narcotráfico» y ese modus operandi «es uno de los objetos claros de la investigación».

«En un Estado de derecho la ley es pareja para todos, nadie esta por fuera o por encima de la ley. Dentro del cumplimiento de ese mandato seguiremos trabajando conjuntamente entre el ministerio y Fiscalía», aseguró Díaz.





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