A más de un año
de que Yamandú Orsi, quien fuera candidato a la Presidencia en ese entonces,
firmara un compromiso de respaldo y protección a los policías, el Sindicato Policial Nacional (Sipolna) cuestionó
a su gobierno, al que acusó de realizar “muchas promesas”, pero “pocos avances”.
“El ‘apoyo a la
Policía’ sigue siendo discurso. Esperamos ingresos reales, salud mental y
negociación colectiva, no imposiciones para favorecer ‘amigos’”, reclamó el
sindicato. En ese sentido, el Sipolna sostuvo que “la seguridad se construye
con derechos y gestión seria”, y criticó al gobierno por hacerlo con “anuncios”.
Orsi firmó el
compromiso el pasado 4 de noviembre después de haberse reunido con la Coordinadora
Nacional de Sindicatos Policiales en Durazno. El documento, al que
accedió Montevideo Portal, tiene varios puntos y propuestas
concretas para el apoyo de la Policía Nacional.
En particular, como había manifestado el Frente Amplio
durante la campaña electoral, Orsi se comprometió a incorporar 2.000 nuevos
policías para “fortalecer las comisarias en todo el país y la Guardia
Republicana”. “El ingreso del personal será por etapas, priorizando el interior
del país y áreas críticas de la zona metropolitana”, añade el documento.
Además de comprometer un aumento salarial para los efectivos
policiales, se estableció en el documento firmado un préstamo “limpia sueldo”
para el personal policial.
Esto implica un acuerdo con el Banco República (BROU)
amparado en la ley 18.358 (Consolidación de adeudos sobre sueldos y
pasividades). En definitiva, se propone un crédito para aquellos policías que
tengan deudas de hasta el 70% de sus salarios. Sin embargo, no se abonará el
dinero directamente, sino que los funcionarios deberán brindar información
sobre sus deudas al BROU, que se encargará de saldarlas. Posteriormente, se
descontará el préstamo en cuotas del salario del trabajador, consigna el
documento.
Vivienda, alimentación y recursos humanos
Otra de las propuestas analizadas refiere al Fondo de
Vivienda que contará con la representación de trabajadores policiales para su
administración y gestión.
“Se rediseñará el Fondo de Vivienda Policial para garantizar
el acceso a la vivienda y el transparente uso de los fondos provenientes de los
aportes personales. La política de vivienda se orientará a préstamos flexibles
y a largo plazo para la compra de vivienda que permitan elegir dónde quiere
radicarse el funcionario y su familia. Se asegurará la alimentación a cargo del
Ministerio del Interior a todo el personal que preste funciones en situación de
horarios especiales en las comisarías seccionales de jurisdicción rural”,
indica el documento.
Por otra parte, se planteó una “nueva política” de gestión
de personas para que garanticen “las necesidades del servicio, otorgando una
perspectiva humanista”.
En sumatoria, el Frente Amplio había marcado la necesidad de
establecer una actualización del sistema de calificaciones, evaluaciones y
ascensos, así como revisar la normativa sobre retiro por incapacidad física o
la reincorporación a la tarea operativa.
Un largo reclamo de los sindicatos policiales en los últimos
años se ha enfocado en la salud mental de los trabajadores.
En esta línea, se plantea “la creación de la Defensoría de
la Policía en la institucionalidad del Ministerio del Interior, que asuma
responsabilidad en materia de Bienestar Laboral de funcionariado policial”.
“Entre las áreas prioritarias estará la promoción de la
atención prioritaria a la salud laboral del personal policial y su familia en
toda su dimensión física y mental, a través de un programa específico del
Sistema Nacional Integrado de Salud. En forma prioritaria, se prestará atención
integral a las enfermedades profesionales de la policía, con especial énfasis
en la salud mental en tanto prevención como abordaje sistémico”, apunta el
documento firmado por Orsi y los colectivos policiales.
A su vez, se propone que el Instituto Nacional de
Rehabilitación deje de depender del Ministerio del Interior. En ese sentido,
como han adelantado distintos dirigentes políticos, se plantea la creación de
un “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” en el próximo período de
gobierno.
“El traslado de las cárceles fuera de la órbita del
Ministerio del Interior será gradual, manteniendo este la responsabilidad de la
seguridad y las actividades de inteligencia en dichos establecimientos”, se
consigna en el documento.
