Sobre las picadas y la agresión sonora

La agresión sonora, fuertemente castigada en Europa, en nuestro país no está debidamente controlada y penalizada, quizá porque no se ha tomado conciencia del daño que provoca en la salud por la vía del estrés.

Una motocicleta con escape libre produce un alto nivel de ruido y elevada contaminación ambiental; por lo que está prohibido.

El escape es un componente que se encarga de dirigir los gases fuera del motor del vehículo y normalmente está compuesto por varios componentes, como el tubo de escape, el silenciador y los catalizadores, teniendo como función reducir el ruido y las emisiones del motor. Un escape libre tiene menos obstrucciones en el camino de los gases de escape, por lo que el motor respira mejor y aumenta su potencia y aceleración. La contrapartida es que también es más ruidoso (ya que se quita el silenciador al tubo de escape) y emite más contaminación que los escapes estándar, por lo que en varios países está prohibido. En España, por ejemplo, quien circula sin silenciador de explosiones o en mal estado recibe una multa que oscila entre 200 € y 600 €.

La agresión sonora invade los hogares privando a las familias del descanso y tranquilidad que merecen. “Son las 4:00 o 5:00 de la mañana y te despiertan”, contó una vecina a Subrayado. Otro vecino agregó: “Esto sigue siendo lo mismo desde hace un tiempo atrás, y cada vez peor. Los otros días esto era un desastre, hasta los tiros”.

En Maldonado, el edil frenteamplista Sergio Duclosson lleva muchísimos años impulsando la creación de un autódromo para las picadas de autos; pero no se ha logrado el objetivo, ya que implica recursos humanos, materiales y económicos que no todos los gobernantes están dispuestos a invertir. Duclosson no está en contra de las sanciones; pero prefiere una habilitación para que los jóvenes puedan practicar esta actividad en un ambiente controlado. En entrevista con Caras & Caretas, el edil de la Vertiente Artiguista comentó: “Si se logró algo para las motos; pero aún estamos lejos de tener las condiciones y garantías de seguridad adecuadas”.

Cargar este fardo solo sobre la Policía es un error garrafal. Sin embargo, tampoco podemos dejar desprotegidos a los inspectores municipales.

Gustavo Mobilio, director de Tránsito de la Intendencia de Canelones, señaló a Subrayado: “Mientras tengamos el problema de que haya en otros lugares remates de vehículos que se incautan por estas causas y que después quien las compró las venda y salga otra vez a las calles, estamos en un problema grave. Lo primero que tenemos que hacer es que todo vehículo que se retiene por esta causa sea destruido y no rematado. Segundo, que no sea tan fácil que pagando la multa puedan volver a salir a circular. Que no sea más una falta, sino un delito”.

Sin embargo, aunque su postura es comprensible y respetable, es en este punto donde planteamos una solución diferente. Creo que, en lugar de destruir o rematar los vehículos incautados, debiéramos (resolución judicial mediante) derivarlos a los talleres del Ministerio del Interior para que los pongan en condiciones y luego entregarlos al Mides para que los done a mujeres con hijos a cargo para que puedan ir a trabajar o estudiar. También habría que considerar a aquellos estudiantes del interior que viven lejos de los centros poblados.

Desconozco la cantidad de motos incautadas en todo el país; pero poner los vehículos en manos de personas más responsables y necesitadas será siempre mucho más humano y beneficioso para todos.

El 26 de noviembre pasado, dos jóvenes de 20 años murieron cuando chocaron sus motos durante unas picadas sobre la Ruta 11, entre el límite de los departamentos de Canelones y San José. El 24 de febrero de este año un motociclista de 24 años murió a las 2 de la madrugada en el km 30 de ruta 8 cuando se tocó con otra moto que circulaba en el mismo sentido y luego impactó contra un auto que se hallaba estacionado, quedando debajo de otro vehículo. El otro motociclista, de 25 años, se dio contra un tercer auto, saliendo despedido de su moto y quedando con politraumatismos graves.

Previamente, el 7 de abril de 2023, una picada clandestina de autos realizada en la zona de Villa García, en la ruta 102, dejó como saldo a seis personas lesionadas, las que fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios.

Y podríamos seguir citando casos fatales; pero con lo dicho es suficiente. Hay que solucionar esto de urgencia.

En cuanto a la agresión sonora; no tengo problemas en decir (aunque suene políticamente incorrecto en alguien de izquierda) que hay que extremar los controles y sanciones; porque a la gente hay que respetarla y protegerla.

Quien no sepa convivir en sociedad, considerando el derecho de los demás a vivir en paz, debe ser corregido de manera ejemplarizante.