El ministro de Defensa, Javier García, y el subdirector general de la Secretaría de la cartera, Cipriano Goñi, relataron el lunes pasado ante la Comisión de Defensa del Senado que el Supremo Tribunal Militar no envió la información solicitada por el Ministerio, cuando el organismo todavía era presidido por el general Daniel Castellá, cesado posteriormente por García, según informó la diaria.

Según se dijo en la comisión, la información fue requerida ante el pedido de acceso a la información pública hecha por el mencionado medio.

La solicitud incluía los expedientes de la justicia militar en el caso Roslik y los legajos y sanciones recibidas en 1984 por los oficiales que estaban en el Batallón de Infantería 9, cuando el médico Vladimir Roslik fue detenido y torturado hasta la muerte.

El Tribunal respondió con un informe elaborado por su secretaria, la abogada Gianella Frachelle, en el cual se informó que la “sede” no contaba “con la información solicitada”. El documento fue avalado por el general Castellá.

Antecedentes de la secretaria

La secretaria es hija del coronel Mario Carlos Frachelle, uno de los procesados con prisión por una causa que investigaba torturas en el Batallón 13 de Infantería (Infierno Grande o 300 Carlos) durante la última dictadura cívico-militar.

Según se recuerda en la diaria, el semanario Búsqueda publicó en agosto de 2020 que Frachelle protagonizó un escándalo cuando irrumpió en una audiencia en la que se interrogaba a un militar por presuntos delitos de violación a los derechos humanos.

En esa oportunidad, Frachelle interrumpió la audiencia con gritos y exclamaciones, donde protestaba por el “atropello” que significaba esa instancia, y grababa con su celular. Finalmente, la abogada y coronel del Ejército fue exhortada a retirarse.

Segundo intento

Cipriano Goñi comentó en la comisión que la respuesta, elaborada por Frachelle y avalada por Castellá, hizo referencia a “una parte de lo solicitado por el periodista Leonardo Haberkorn (legajos)”, pero “no así la otra parte (actuaciones de la justicia militar y sanciones)”.

En cambio, el Ejército sí envió los legajos solicitados. Cuando Goñi leyó los documentos, constató que existía una sentencia de la justicia militar que condenaba al teniente coronel Mario Olivera y al mayor Sergio Cauberrere en 1984 por la muerte de Roslik mientras era interrogado. Eran jefe y subjefe, respectivamente, de la unidad militar donde el médico de San Javier falleció como consecuencia de las torturas.

“Encontramos un pedido de procesamiento provisional y un pedido de excarcelación. Naturalmente, al encontrar esos dos antecedentes de estos dos oficiales en los legajos personales, tuvimos que insistir y volver a oficiar al Supremo Tribunal Militar”, afirmó Goñi a los legisladores.

Ante el segundo pedido de Goñi, esta vez el Supremo Tribunal Militar envió otro informe donde sí constan las fechas de los procesamientos de Olivera y Caubarrere y las idas y vueltas del caso, que terminó con la liberación definitiva de los condenados.

En este segundo informe se hace mención a la sentencia del Tribunal del 29 de abril de 1986 que condenó a los oficiales pero no se la incluye, así como ningún otro documento.

Finalmente, Goñi encontró una copia de la sentencia, que fue enviada a la diaria como respuesta al pedido de acceso a la información. Según informó la diaria, en la sentencia figura que el propio Daniel Castellá, antes presidente del Supremo Tribunal Militar y ahora general retirado, estuvo presente durante el interrogatorio y en el momento de la muerte de Roslik,



Fuente