A un poco más de un año de gobierno, el Poder Ejecutivo dispuso el cambio del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Ya desde diciembre pasado se rumoreaba sobre esta posibilidad y el nombre de su sustituto, que finalmente se confirmó.

En una entrevista realizada el lunes 10 de mayo, en el programa Más temprano que tarde, en El Espectador, el licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales y doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España, Guillermo Fuentes dijo que «se ha cerrado Jóvenes en red, se van a cerrar los Socat, la secretaría de Cuidados ha sido bastante desmantelada y no hay un Plan Nacional de Cuidados todavía establecido por el gobierno. Además tenemos el decreto del gobierno de recortar el 15 por ciento del presupuesto. Todo eso no creo que vaya a cambiar porque el ministro es Lema».

Fuentes agregó que «lo que se comenta es que se entendía que la figura de Bartol no daba la fuerza, la contundencia, el prestigio político necesario para salir a confrontar. Pero a nivel de planteamiento de programa, de agenda, yo no percibo hasta ahora que vaya a cambiar nada de esto que ya se viene dando».

Concluyó que «las herramientas para la salida de esta coyuntura serán cada vez menos. El gobierno no movió un ápice su plan previo a la pandemia: ha cerrado programas y limitado planes».

 

Más sueldos, menos programas

El licenciado en Sociología Juan Pablo Labat, exdirector de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), dijo, el 4 de mayo en radio Carve, que «el cambio de rumbo en la cartera responde a “un proceso radical de politización de las políticas sociales y del ministerio, que se dio a partir de un aumento sustantivo de los sueldos de todos los directores, con una expansión de la cantidad de cargos al frente de unidades ejecutoras para gestionar menos programas que antes”.

Labat cuestionó que el motivo del cambio de ministros fue «hacer énfasis en lo político» y no en lo técnico. Si el argumento hubiera sido otro, dijo, podría haber generado «cierta esperanza».

También manifestó su sorpresa ante la «falta de vinculación natural del nuevo ministro [Martín Lema] con las cuestiones sociales».

Sostuvo que se dio el pasaje “de 115 pases en comisión, aprobados por la Ley de Urgente Consideración, y un desvío de cerca de 65 millones de pesos para pagar compensaciones a esos sueldos, que terminaron con constituir el ministerio más politizado de todo el Estado, con 140 cargos políticos de más de 100.000 pesos”.

 

Los ministerios sociales en el Cono Sur

Guillermo Fuentes, junto a otros autores, escribió un trabajo sobre El significado político de los ministerios sociales en Argentina, Chile y Uruguay.

Se trata de una investigación cuyo objetivo es indagar sobre las razones políticas e institucionales para crear en América Latina -y especialmente en el Cono Sur- nuevas secretarías de Estado, dirigidas fundamentalmente a la atención de las situaciones de vulnerabilidad social. El período que se considera en la investigación es a partir de la creación de estas entidades públicas hasta diciembre del año 2009.

Como resultado del fracaso de las reformas socioeconómicas de orientación al mercado –impulsadas desde fines de los ochenta– en la década de los noventa tendieron a ponerse en reconsideración política las problemáticas vinculadas con la pobreza, para aliviar y mejorar las condiciones de vida de amplios segmentos de población.

Los criterios vigentes de acumulación económica restringían fuertemente la intervención del Estado en tanto agente proveedor de bienes públicos, al que sólo parecía corresponderle la estratégica tarea de regulación de la provisión social.

 

El Mides es de reciente creación, ya que su instalación data del año 2005, y se llevó a cabo bajo la primera administración de gobierno a cargo del Frente Amplio.

En el conjunto de competencias establecidas de creación del ministerio, se destacan: coordinar las acciones, planes y programas intersectoriales implementados por el Poder Ejecutivo para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, al disfrute de un medioambiente sano, al trabajo, a la seguridad social y a la no discriminación […] Implementar, ejecutar y coordinar Programas de Atención a la Emergencia Social, mediante la cobertura de las necesidades básicas de quienes se hallan en situación de indigencia y de extrema pobreza, buscando el mejoramiento de sus condiciones de vida y su integración social.

En el artículo 2º, se indica que “se entenderá por subsistema el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas intersectorialmente por distintos organismos del Estado, focalizadas en un mismo grupo de personas y/o familias, en situación de vulnerabilidad socioeconómica”.

El Plan de Emergencia fue una política transitoria –que se ejecutó entre el año 2005 y el año 2007– y se estructuraba en siete componentes, y entre los fundamentales figuraban: el Ingreso Ciudadano, el programa de Apoyo Alimentario –Plan alimentario– y la iniciativa de Atención a las personas sin techo (Mides, 2009). A diferencia del Panes, la segunda macropolítica dirigida fundamentalmente por el Mides es el Plan de Equidad. El mismo se puso en marcha en el año 2008, una vez finalizado el proyecto de emergencia, y fue definido como una intervención de largo plazo para impactar en el conjunto de desigualdades de Uruguay –socioeconómicas, de género, de etnia, etc.–, combinando nuevas prestaciones sociales con instrumentos clásicos del sistema de protección social uruguayo como son las Asignaciones Familiares –transferencias monetarias de la seguridad social tradicional–.

 

Capacidades construidas

Según Guillermo Fuentes, «el relevamiento de la población objetivo fue un objetivo que sí cumplió el Mides. Hoy en día Uruguay tiene claramente identificadas a las personas y los hogares, sobre todo, en situación de vulnerabilidad, qué tipo de  vulnerabilidades tienen, georreferenciadas en función de estos problemas, qué tan cerca o tan lejos están las diferentes oficinas públicas para tender estas cuestiones. Tiene un monitoreo que se hizo precisamente desde la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo que dio un montón de datos de diagnóstico, información muy rica para tomar decisiones políticas después de programas.

Muchas veces lo que ha pasado es que, igualmente, ha habido superposición y capaz que a un mismo hogar lo visitó un joven de técnicos en red, un técnico de ‘Uruguay crece contigo’, hay como una saturación también, que eso es ya más a la interna del funcionamiento del ministerio. Pero sí es verdad que para las soluciones que se han implementado ahora a partir de la pandemia, gran parte de las cosas se ha podido identificar claramente porque estaba esta capacidad construida».

Sobre el peso de la ideológico a la hora de diseñar políticas sociales, Fuentes señaló que «condiciona bastante», ya que no es una cuestión de consensos, pero determina cómo se define la población objetivo. Según lo que se considere acerca de quiénes deben recibir ayudas del Estado ante ciertas situaciones. Lo mismo que cuando esas políticas bajan al territorio, cómo se descentraliza.

 

Estado ausente

El surgimiento de las ollas populares implica una ausencia del Estado, explicó Fuentes. «La sociedad se automoviliza porque el Estado no está dando respuesta a ciertos problemas. Entonces el Estado para empezar ya llega tarde. Después es cómo llego. Ahí lo que estamos viendo y un poco las tensiones que hay entre gobierno y las organizaciones sociales que sostienen esto es claramente la autoorganización, por más que ha sido brutal la muestra de organización, la capacidad de movilizar los recursos que han tenido estos espacios es insuficiente, entonces el Estado tiene que aportar recursos. Ahí hay opciones, el Estado puede transformar esto en política pública, diseñar un programa, un plan que puede ser provisto e implementado a partir de las capacidades ya existentes en la sociedad civil, o la otra puede ser directamente que el Estado se mete no directamente en la provisión, tampoco mucho en la regulación; directamente entrega dinero y que se arreglen las organizaciones sociales como puedan. Lo que estamos viendo ahora en Uruguay, a partir de toda la intermediación de ‘Uruguay adelante’, esta organización que ha elegido el gobierno para administrar estos recursos, es que directamente el Estado está delegando toda autoridad sobre el proceso, y está tercerizando hacia un privado cómo y bajo qué condiciones se van a mover los recursos. Esto es un tipo de política pública concreta que opta por un Estado que no participa directamente.



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