Por Paula Barquet
PaulaBarquet
Una
delegación compuesta de varias instituciones estatales viajará en julio a Estados Unidos
para conocer el sistema penitenciario que se implementó en Texas en 2007 y que,
ante los resultados obtenidos, se ha replicado en otros estados de ese país.
El de Texas
es un modelo al que se ha referido varias veces el comisionado parlamentario
para las cárceles, Juan Miguel Petit, que está convencido de que el camino
transitado allí es viable en Uruguay y, además, tiene chances de redundar en
cambios reales.
De la delegación
participarán representantes del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Fiscalía
General de la Nación, el Poder Judicial, la oficina del comisionado parlamentario y dos legisladores miembros de la
comisión especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, informaron a
Montevideo Portal fuentes del gobierno.
Dice Petit:
“Esto es como si un paciente con obesidad, sedentarismo y tabaquismo fuera al
médico por sus complicaciones en la salud. Le va a decir ‘empiece por comer
mejor, hacer ejercicio y dejar de fumar’. Antes de ir a la cirugía, probemos
con esas medidas”. El equivalente para el sistema penitenciario uruguayo, para
el comisionado, sería algo así como “antes de construir más cárceles, probemos
con las medidas que han funcionado en otras partes del mundo”.
En 2007, Texas se enfrentaba a un dilema similar al de
Uruguay hoy: con la población carcelaria de aquel momento se estimaban necesarias unas 17.000 plazas
penitenciarias más antes de 2012, con un costo mínimo de US$ 2.000 millones. En
Uruguay, unas 14.400 personas viven privadas de su libertad y se calcula que ya
faltan 4.000 plazas: algo así como ocho establecimientos nuevos para 500
reclusos cada una. Al ritmo de crecimiento actual, el equipo del comisionado
penitenciario estima que en 2024 se alcanzarán los 19.000 presos y serán necesarias
2.000 plazas más, es decir, otras cuatro para 500 personas cada una.
“¿Está
Uruguay en condiciones de crear 12 cárceles más y nombrar a miles de
funcionarios más? ¿Tiene esto sentido? ¿Es financiable? ¿De dónde se sacarán
los recursos? ¿Qué daños colaterales tendrá este crecimiento penal?”, se pregunta
Petit en el
informe anual correspondiente a 2020.
En ese
mismo informe, el comisionado plantea el caso de Texas, “estado ‘duro entre los
duros’, conocido en los textos penales y criminológicos, y en las series
documentales y policiales, por su pena de muerte, su circuito de cárceles de máxima
seguridad (“supermax”), penas largas y condiciones de reclusión severas”.
Ante el
pronóstico dramático para su sistema penitenciario, se creó un equipo bipartidario
liderado por el senador demócrata John Whitmire, presidente de la
Comisión de Justicia Penal del Senado, y el representante republicano Jerry
Madden, presidente del Comité de Asuntos Penitenciarios de la Cámara de
Representantes. Analizaron por qué la población carcelaria crecía sin parar y
analizaron posibles soluciones. El objetivo era controlar “el desbocado tamaño”
y a la vez mejorar la seguridad, pero a la vez hacerlo con el costo más bajo
posible.
El equipo elaboró una estrategia de reinversión de recursos
y se aprobó por ley. En vez de apelar a la construcción de cárceles como única
solución, resolvieron financiar 4.500 camas nuevas en centros terapéuticos para
derivar a personas que cometieran delitos leves por sus adicciones o trastornos
de salud mental y 5.200 cupos en programas comunitarios. Así, según sus cálculos,
evitarían el colapso.
Lo cuenta Madden en una columna publicada en 2018 en el portal
de noticias The Hill: “Nuestro abordaje consistía en establecer programas que
trataran las adicciones a drogas y alcohol, mejoraran los servicios de salud
mental, y ofrecieran programas de rehabilitación en prisión”, dice Madden. Para
aquellas personas en libertad provisional o que demostraran buena conducta, se
ampliaron las “sanciones intermedias”, explica, y luego advierte: “Los
resultados fueron excepcionales”.
Lo que luego llamarían el “modelo de Texas” y se replicaría
en otros estados, permitió 10 años después cerrar ocho prisiones y reducir la población
carcelaria 11%. De acuerdo con el informe de Petit, para 2013 los esfuerzos de
Texas habían resultado en un ahorro de US$ 5.000 millones en gastos de
construcción y unos US$ 340 millones en costos operativos anuales evitados. Y en
seguridad, una década después de la implementación de la reforma, la tasa de
delincuencia cayó 29%, alcanzando la cifra más baja desde 1968.
Para Petit, el sistema que funciona actualmente en Uruguay es
“gigante, inarreglable e imposible de financiar”. Además, advierte que “el
problema no es la velocidad” en la que se avanza para intentar una solución, sino
“el rumbo”: “Por mal camino no vamos a llegar a ningún lado”.
El comisionado conoció el modelo de Texas buscando ejemplos
imitables en el mundo. Algunos los descartó, como el sueco, básicamente por los
costos. Pero en el caso de Texas halló similitudes con Uruguay y un recorrido
accesible. Además de apostar a las medidas alternativas a la prisión, se puso
el foco en el trabajo al momento del egreso, en los tratamientos para el
consumo problemático y la atención en salud mental, el seguimiento de los
liberados y la asistencia a sus familias, explica Petit. Mucho de eso coincide
con el plan que presentó Petit en setiembre de 2021 para el “combate
a la reincidencia y en favor de la rehabilitación, basado en una perspectiva de
derechos humanos y género”.
La receta seguramente no luce novedosa hoy, pero en aquel
entonces, para uno de los lugares con mayor índice de encarcelamiento del mundo
como era el estado de Texas, implicó “un cambio total de paradigma”. A los ojos
de Petit, “solo fue posible mediante la cooperación entre legisladores y
políticos de ambos partidos, expertos y académicos y miembros de la sociedad
civil”. Algo similar aspira a lograr en Uruguay.
Juan Miguel Petit / Foto: Juan Manuel López/Montevideo Portal (archivo)
Qué paradoja
El senador nacionalista Carlos Camy, que preside la comisión
especial de Seguimiento de la
Situación Carcelaria, será uno de los que viajará a Estados Unidos. Como
representante de la oposición irá la diputada Lucía Etcheverry, que también
integra esa comisión. En la delegación está Lourdes Salinas, subdirectora del
INR. Irán, además, un delegado del equipo de Petit, representantes de Fiscalía
y el Poder Judicial, y funcionarios de la embajada de Estados Unidos en
Uruguay.
Camy afirma que el viaje, que incluirá Texas y otras ciudades cuyos
nombres aún desconoce, no insumirá costo alguno para los organismos representados,
ya que la embajada estadounidense cubrirá todos los gastos. También cuenta que los
legisladores de la comisión han mantenido reuniones desde el año pasado con las
autoridades penitenciarias de Texas a través de viodeconferencias en la
embajada, y que hace poco mantuvieron un encuentro en el que confirmaron el
viaje. Partirán el 25 de julio y permanecerán unos 15 días.
“Yo quiero ir a ver la experiencia de Texas porque presenta
una aparente paradoja”, dice Camy. “Es el estado más punitivo de Estados Unidos
y logró, en base a la aplicación de medidas alternativas, bajar la población
carcelaria. Parece contradictorio en un estado de los duros, con alta tenencia
de armas, con pena de muerte… Me interesa conocerlo por esa contradicción
aparente: una receta aplicada en un estado con una cultura antagónica”, reflexiona.
“No digo que sea extrapolable, pero en Uruguay, con la LUC y
el relativo éxito de la parte represiva, sería interesante ver que pudiera convivir
con este otro modelo”, dice y agrega: “Quiero ver y estudiar eso, que es interesante
a partir del titular que nos dan”.
Por Paula Barquet
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