Una ley para el blindaje

Favores del Gobierno

Esta ley está hecha a la medida de los canales y los grandes grupos, y su aprobación, mediante trámite acelerado y sin pasar por comisión, sólo puede obedecer a la voluntad del Gobierno de favorecer esos intereses en el medio de la campaña electoral, así como los han favorecidos con recursos y exenciones durante todo el mandato.

La ley incluye un aditivo presentado por Cabildo Abierto que pretende regular por ley el contenido de los servicios de radiodifusión y televisión abierta y por cable, exigiendo que los medios mantengan imparcialidad, equilibrio y viertan análisis y opiniones balanceadas en relación con los temas y actores políticos, en una franca intromisión del Parlamento con la libertad de expresión.

Una ley de estas características en un año electoral es un regalo demasiado importante a los grandes medios, como para pensar que no tiene nada que ver la campaña con todo esto. Es más que evidente que los medios saben que el destino de esta norma está sujeto al resultado de las elecciones, porque lo que cabe esperar es que la militen como el más fanático de los orientales. En consecuencia, si ya no cabía duda de que habían ofrecido un blindaje sin fisura al Gobierno durante todo el mandato, ahora hay que prepararse para un proselitismo redoblado: por adhesión ideológica y por el interés concreto de sus mandamases.

La izquierda, que siempre ha enfrentado la parcialidad de los medios dominantes, se encuentra ahora con un escollo estimulado, porque el Gobierno está pagando con creces una tremenda campaña publicitaria, cuando todas las encuestas de opinión pública muestran al Frente Amplio en buenas condiciones para obtener el gobierno nacional.

Una ley que atenta contra la libertad de expresión

Un capítulo aparte merece la adenda de Cabildo Abierto. Como formulación abstracta, cualquiera podría estar de acuerdo en que los medios de comunicación que son beneficiarios de concesiones estatales del espectro radioeléctrico no deberían apartarse de un principio de ecuanimidad y equilibrio en relación con las diferentes posturas políticas que conviven en nuestro país. Pero un agregado de esta naturaleza, que rige por ley el contenido a emitirse, cuyo procedimiento de fiscalización se desconoce, pero que es obvio que dependerá de la mirada discrecional del Gobierno de turno, es una herramienta tremendamente peligrosa, por la cual se puede cercenar de forma administrativa la libertad de expresión y el derecho a opinar de las personas, de los medios y de los propios periodistas.

Para colmo, la ley elimina cualquier organismo de supervisión social o asesoría no parcializada, que de algún modo representara el interés de la ciudadanía, dándole a los grandes medios la posibilidad de actuar sin ninguna forma de contralor de la gente que, en primera y última instancia, en la que consume los programas que se emiten por esos mismos medios de comunicación.

La ley aprobada es un desastre en forma y sustancia, y su aprobación en un trámite oscuro denota que los intereses que están detrás son inconfesables. Es una ley que mancha la democracia y que va en contra de todas las recomendaciones que surgen de la academia y de los organismos internacionales. Es una ley escrita por los canales y los grandes grupos, que sólo los beneficiará a ellos y que, subsidiariamente, beneficiará a los actores políticos que la promovieron y la aprobaron.