Una provincia argentina denuncia a una firma británica por un gran proyecto en las Malvinas
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El recurso de Tierra de Fuego será entregado a la compañía portuaria implicada a través de la Convención de la Haya.
La provincia argentina de Tierra del Fuego reclamará formalmente a la empresa norirlandesa Harland & Wolff por su proyecto de construcción de nuevas instalaciones portuarias en las Islas Malvinas, que se encuentran bajo administración británica y cuya soberanía es reclamada por el país latinoamericano.
«En los próximos días, el Gobierno de Tierra de Fuego, por instrucción del gobernador, Gustavo Melella, intimará a la empresa norirlandesa Harland & Wolff como consecuencia de su intención de avanzar ilegalmente en la construcción de un nuevo puerto en nuestra provincia sin autorización», informó Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia fueguina.
El pasado 7 de marzo, Harland & Wolff, astillero naval y empresa de ingeniería civil con sede en la ciudad de Belfast, anunció en un comunicado que había sido elegido como «licitador preferente» por el gobierno local británico en las Malvinas para ser parte del proyecto FIPASS para construir, transportar e instalar en el archipiélago cuatro pontones flotantes de 90 metros de longitud cada uno. El valor del contrato oscila entre 127 y 152 millones de dólares.
El proyecto busca modernizar la infraestructura actual del puerto para recibir cruceros de turismo en ruta hacia la Antártida, buques pesqueros y científicos y, eventualmente, también barcos petroleros. Dachary agregó que en 2021 la provincia fueguina logró frenar un proyecto similar procediendo «en idéntica vía» a como lo hará en esta ocasión.
Dachary declaró esta semana a una radio local que el recurso administrativo de intimidación se emitirá desde la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Producción y Ambiente del Gobierno de la provincia y será enviado directamente a la compañía a través de la Convención de la Haya. La empresa deberá responder en 90 días y, en caso de no hacerlo o si la respuesta fuera insatisfactoria, se puede llevar el caso a una instancia judicial.
«Decisiones desacertadas»
El secretario también aseguró que la Cancillería del país «debió haber reaccionado de manera instantánea y contundente», pero que no fue así, lo que —lamentó— envía un mensaje para «dejar de lado el reclamo por las islas y avanzar en una agenda centrada exclusivamente en el comercio con el Reino Unido».
Finalmente, Dachary denunció que la provincia considera que desde el Gobierno «se están tomando decisiones muy desacertadas». A modo de ejemplo, recordó que el recientemente designado embajador ante la ONU «no citó dentro de su agenda a la Islas Malvinas como tema prioritario», algo que tachó de «gravísimo». No obstante, esperan que se genere un «punto de inflexión» en la postura de la Cancillería para la recuperación de lo que consideran su «ejercicio de pleno y soberanía».
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