Uruguay dio un paso trascendental en la legislación de derechos individuales al aprobar, el pasado miércoles, la ley de Muerte Digna, también conocida como eutanasia, tras una decisiva votación en el Senado. Con esta sanción, el país se inscribe en la historia de América como el tercer estado en implementar la legalización de la eutanasia activa, un debate que polarizó a la sociedad y al espectro político durante años. La iniciativa, que había sido presentada inicialmente por el exdiputado colorado Ope Pasquet en marzo de 2020, alcanzó la mayoría necesaria después de que la Cámara de Representantes le diera su visto bueno dos meses atrás, culminando un largo proceso legislativo.
La votación en la Cámara de Senadores se saldó con un resultado de 20 votos a favor y 11 en contra, reflejando las profundas convicciones en juego. El proyecto recibió el respaldo unánime de la bancada del Frente Amplio, y sumó apoyos clave en otros partidos, incluyendo la participación de Pasquet, así como de otros legisladores que entraron a sala en suplencia. Si bien el proyecto fue impulsado desde filas coloradas, las divisiones internas quedaron patentes, especialmente en el Partido Nacional, donde la senadora Graciela Bianchi fue la única en acompañar la medida, mientras que el resto de los nacionalistas optó por el voto negativo. El texto legal, fuertemente inspirado en los modelos aplicados desde 2002 en países como Bélgica y Países Bajos, busca esencialmente garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, despenalizando la práctica en circunstancias sumamente específicas.
La nueva legislación establece un marco riguroso para la aplicación de la eutanasia, enfocada exclusivamente en personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que se encuentren atravesando la etapa terminal de enfermedades que sean incurables e irreversibles, o que padezcan a causa de ellas un sufrimiento insoportable. El articulado precisa que podrán ampararse a esta ley tanto ciudadanos uruguayos naturales o legales como extranjeros que puedan acreditar fehacientemente su residencia habitual en el territorio. Lejos de ser considerada una “puerta abierta sin control”, como destacaron sus defensores, el proyecto establece un detallado y estricto protocolo de procedimiento, que exige, entre otras garantías, una solicitud voluntaria y escrita del paciente, evaluaciones médicas y psiquiátricas, una segunda opinión independiente, y entrevistas periódicas para confirmar la persistencia de la voluntad de poner fin a su vida ante el dolor.
La voz del interior: El debate de la eutanasia en las posturas de Tacuarembó
Las diferentes sensibilidades que cruzaron el país en este debate quedaron especialmente patentes en las posturas expresadas por los diputados del departamento de Tacuarembó, quienes se pronunciaron sobre la iniciativa a mediados del pasado mes de agosto. Desde la perspectiva de su formación y experiencia, el diputado y médico cirujano nacionalista Alfredo “Cusa” de Mattos expresó su firme rechazo. Con 46 años de trayectoria en el interior, De Mattos ancló su argumento en el deber hipocrático, enfatizando que el rol del médico es “ayudar a bien morir, no matar” cuando ya se agotaron las opciones de curación. El legislador nacionalista subrayó que, en su extensa práctica, la demanda recurrente de los pacientes no ha sido la eutanasia, sino más bien la “contención, apoyo, ayuda en todo lo posible, y que no lo dejara sufrir”. Por ello, destacó la necesidad de redoblar los esfuerzos para fortalecer los cuidados paliativos a lo largo de todo el territorio departamental, reconociendo que la cobertura aún es deficiente fuera de los principales centros.
En la otra cara de la moneda, el diputado colorado Martín Cantera manifestó un enérgico apoyo a la ley, posicionándola como una cuestión fundamental de dignidad y libertad de elección. Cantera argumentó que la ley no constituye una vía de escape simplista, sino una garantía de derecho para que los individuos que enfrentan circunstancias extremas puedan decidir sobre su tránsito final. El legislador colorado afirmó que, desde su punto de vista, “la ausencia de esta ley no protege la vida, ya que prolonga el dolor y la agonía”, y puso de relieve la solidez del proyecto en cuanto a las garantías procedimentales que evitan cualquier aplicación descontrolada, mencionando la no aplicación a menores ni a personas con enfermedades tratables. Finalmente, el diputado del Frente Amplio, Gustavo Guerrero, se sumó a la postura de su bancada, enfocando el objetivo primordial de la iniciativa en “el derecho de las personas a decidir por ellas mismas”. Guerrero recalcó que la ley está reservada para casos que él describió como “extremos”, detallando exhaustivamente los estrictos requisitos y el complejo proceso que debe seguirse, el cual incluye una valoración médica exhaustiva, la consideración de alternativas como los cuidados paliativos, y en ciertos escenarios, la intervención de un psiquiatra y una junta médica. Las voces de Tacuarembó, así, resonaron en la discusión nacional, reflejando el dilema ético y legal que finalmente ha resuelto el Parlamento uruguayo.
Portal del Norte
