El ministro
de Ambiente Edgardo Ortuño respondió a la
intención de la oposición de interpelarlo debido a la decisión del gobierno de
dejar sin efecto el proyecto Neptuno.
Así, el
secretario de Estado manifestó su “plena disposición” a concurrir “de
inmediato o cuando se disponga” al Parlamento.
“Uruguay se merece toda la información, un debate serio y
llegar a acuerdos con mirada larga para garantizar el acceso al agua potable de
nuestra población”, tuiteó Ortuño y añadió que las obras resueltas por el
gobierno “van en esa dirección”.
A su entender, la eventual interpelación “será una muy buena
oportunidad para avanzar” en ese sentido.
El diputado colorado Walter Cervini será el miembro
interpelante. Luego de que las autoridades del Ministerio de Ambiente concurrieran
a la comisión para dialogar sobre la decisión de anular el proyecto Neptuno, el
legislador sostuvo que la información brindada fue “insuficiente”.
El
pasado 18 de julio las autoridades de gobierno anunciaron una alternativa
proyecto Neptuno, impulsado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que prevé
suministrar agua potable en el área metropolitana y garantizarla hacia el 2045.
El pasado miércoles 30 de abril se dio la primera reunión entre
las autoridades de gobierno y representantes de las empresas (Berkes,
Ciemsa, Saceem y Fast) luego de que se firmara la suspensión de los plazos establecidos para su
puesta en marcha. Allí se generaron dos equipos de trabajo: uno
que profundizaría en los aspectos técnicos del contrato y el otro en los
jurídicos.
En este marco, el presidente de la República, Yamandú
Orsi, remarcó que “de antemano se sabe” que a la actual
administración no le “convence” el proyecto tal cual fue firmado por el gobierno anterior. “Pero
como tenemos un marco contractual que te obliga como Estado; tenemos que ver
cuáles son los espacios para cambiar ese proyecto hacia otra cosa”, remarcó
el mandatario.
Tal como informáramos, el gobierno uruguayo, bajo la
administración del entonces presidente Lacalle Pou, firmó el contrato el pasado jueves 23 de enero. El
proceso había iniciado en noviembre de 2022, “cuando el gobierno
anunció la realización de la obra para la construcción y la operación
de un sistema de potabilización y abastecimiento de agua potable, que
permita tener una fuente alternativa ante problemas técnicos o
fenómenos climáticos adversos”, señalaba el comunicado de Presidencia
de enero.
“Lo que le planteamos al consorcio es que, teniendo esta
visión crítica con el proyecto, lo que planteamos y acordamos con el
consorcio es frenar la ejecución del contrato por los próximos 90 días, a
efectos de poder tener 90 días para poder renegociar el contrato que
oportunamente firmó el gobierno anterior”, dijo en conferencia de prensa el secretario de Presidencia,
Alejandro Sánchez, a mediados de abril.
Durante esos tres meses se estableció una “mesa de
trabajo permanente” para poder renegociar el contrato, indicó el jerarca en
ese momento.
De esta forma, Sánchez reafirmó que el gobierno mantiene una
visión “crítica” respecto a la iniciativa. “Entendemos que no es un proyecto
oportuno, que no resuelve el problema de fondo, que es el de
garantizar el abastecimiento del agua potable para el área metropolitana”,
sostuvo.
Según manifestó, “arriba de la mesa están todos los
escenarios colocados”. Esto puede incluir desde la continuación de la
iniciativa “con cambios”, pero también que el proyecto “no continúe” y
“que se realicen otras obras”.
“Todos los escenarios están arriba de la mesa, pero
aquí tiene un marco jurídico (que nos establece el contrato), uno
técnico y uno económico para ver cómo colocamos los distintos
escenarios que están arriba de la mesa”, ratificó.
