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Este miércoles comenzó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la audiencia por la causa que investiga la responsabilidad del Estado uruguayo por la presunta desaparición forzada de Luis Eduardo González y de Osear Tassino Asteazu.

También se investigan las presuntas ejecuciones extrajudicales de Diana Maidanik, Laura Raggio Odizzio y Silvia Reyes («las muchachas de abril»), durante la última dictadura cívico militar en Uruguay (1973-1985).

Según consta en la Corte, en el caso se alude que el Estado uruguayo violó «los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal».

Asimismo, se argumenta en la denuncia que «la Ley de Caducidad constituyó un obstáculo para la investigación de los hechos en distintos momentos, dado que tuvo el aparente efecto de procurar impunidad, vulnerando garantías judiciales».

En este sentido, se alega que la falta de esclarecimiento de los hechos citados implicó «una violación al derecho a la integridad personal de los familiares como resultado del dolor, angustia e incertidumbre».

El alegato del representante uruguayo

El abogado en representación del Estado uruguayo Carlos Mata dijo este jueves en su alegato final que desde el Estado no se pretendió «negar los terribles hechos perpetrados durante la dictadura cívico-militar».

«No ponemos en cuestión el relato tan vívidamente realizado por la señora Elena Zaffaroni. Por el contrario, el Estado ha demostrado que se han adoptado medidas para el cumplimiento por lo sugerido tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos…Desde el retorno a la democracia en 1985, con todos los partidos políticos, hubo un avance significativo a partir del dictado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el denominado caso Hellman», sostuvo.

Mata dijo que ese caso «pone en evidencia la voluntad del cumplimiento existente en todos los poderes y sistemas orgánicos que conforman el Estado uruguayo».

Expresó que en referencia a la investigación de los crímenes cometidos y a la identificación de las personas responsables, «se ha demostrado que a la fecha la Ley de Caducidad no constituye un obstáculo para el enjuiciamiento de los responsables por parte de la Justicia uruguaya».

«Sin perjuicio de los impedimentos que pudo suponer en el pasado, ninguna de las declaraciones realizadas en el día miércoles -en particular la del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe- percibe en la Ley de Caducidad un impedimento normativo actual y concreto», expresó Mata.

Mata insistió que las «dudas que se pueden plantear en cuánto a la interpretación de la prescripción por parte de los tribunales no se ha traducido en lo hechos ni se ha planteado aquí como un tema que concretamente haya tenido incidencia decisiva en alguna causa y menos aún en la que son objeto de este proceso».

El profesional destacó que la ley interpretativa de la Caducidad aprobada en 2011, además de establecer o restablecer el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado, declaró que los mencionados delitos «son crímenes de lesa humanidad».

Con respecto a la localización de los restos de los desaparecidos, Mata señaló que «los esfuerzos se han continuado y acentuado al asignar dicho cometido a un órgano independiente del Poder Ejecutivo como lo es la Institución Nacional de Derechos Humanos».

«A pesar de las evidentes dificultades impuestas por las circunstancias sanitarias y aquellas que lamentablemente son inherentes a la naturaleza de la búsqueda, el Estado uruguayo mantiene y reafirma su compromiso de determinar el paradero de las personas víctimas de desaparición forzada en el período de facto», defendió Mata.

A su vez, dijo que el Estado uruguayo ha procurado ofrecer «reparaciones tanto morales como materiales a las victimas de terrorismo de Estado y sus familiares».

La declaración de Elena Zaffaroni

En la primera jornada que tuvo lugar este miércoles, declararon la esposa de Luis Eduardo Gonzalez, Elena Zaffaroni, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe y el abogado especialista en derechos humanos Pablo Chargoñia.

Según informó La Diaria, Zaffaroni recordó el episodio y las circunstancias asociadas a la desaparición de su esposo y criticó los límites que tiene el Poder Judicial para llegar a la verdad en el caso.

«El 13 de diciembre [de 1974], van a mi casa a las tres de la mañana muchos oficiales y soldados y nos llevan detenidos al cuartel que luego supe que era el 6 de Caballería […] A mí me llevan en varias oportunidades a verlo, yo estaba embarazada, para que él vea mi presencia, lo que le hacen para que sienta mis quejas y presionarlo más. Lo veo en varias oportunidades en el mismo cuartel y el 25 de diciembre […] nos ponen juntos, encapuchados, porque le proponen el chantaje de nuestra vida y de nuestro hijo, por su colaboración.Esa fue la última vez que lo vi, en un estado muy deteriorado físicamente, muy acosado por ellos. En ese momento no lo tomé como una despedida, que lo era […] luego entendí que era una decisión que ya estaba tomada por sus torturadores, que lo iban a matar, todavía no sabíamos de las desapariciones forzadas», declaró Zaffaroni este miércoles.

Zaffaroni agregó además que su suegra falleció en 2021 «buscando desesperadamente a su hijo, sin tener noticias» y recordó que su hijo nació con «su padre ya muerto».

 

 

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