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La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, junto con el abogado Jorge Barrera, presentó este viernes ante el juzgado de Crimen Organizado una denuncia penal por las pérdidas millonarias de Gas Sayago, la empresa de capitales estatales, creada durante la administración del Frente Amplio para gestionar el proyecto de la regasificadora.

El pasado 8 de junio el directorio de UTE anunció que denunciaría penalmente las presuntas irregularidades registradas por la auditoría realizada en Gas Sayago por la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC), contratada en octubre de 2020 por el ente.

Barrera, representante de UTE en este caso, dijo que la denuncia se realiza «por imperio del artículo 177 del código penal», ya que el directorio del ente «tenía la obligación de realizar esta puesta en conocimiento de la justicia de hechos con apariencia delictiva porque si no incurría en omisión».

Consultado por los delitos de los que se puede estar hablando, recordó que el proceso se realizará en el marco del anterior Código del Proceso Penal y que por tanto no pueden calificar jurídicamente, lo que corresponde a la Justicia, que evaluará las medidas a seguir.

«Acá hay elementos que son objetivos, el primer elemento objetivo es el grave perjuicio económico, el segundo es la sucesión de actos arbitrarios, y en tercer lugar un abuso de poder porque en definitiva, en estas circunstancias creemos que una de las figuras a aplicarse dentro del marco y del elenco de delitos contra la administación pública, sin lugar a dudas puede existir elementos con apariencia delictiva para la figura de delito de funciones», dijo el abogado.

Barrera dijo que son más de 600 páginas de evidencia que presentan para respaldar la denuncia. Sobre los posibles responsables de los presuntos perjuicios económicos, dijo que lo que se determinó «son hechos de apariencia delictiva» y que «evidentemente para realizar el trabajo objetivo por parte de la empresa independiente Price, establecieron organigramas y rondas de contactos», pero que es Fiscalía quien debe determinar quien deberá comparecer a dar explicación de los hechos.

Por su parte, Emaldi dijo que la evidencia prueba que «el proyecto no era viable desde su inicio» y que hubo cuatro instancias claves donde «el proyecto pudo haberse de alguna manera detenido».

«Primero cuando Argentina, en el año 2012 ya deja claro que no participaría en el proyecto y su participación era del 50%. Segundo cuando en el año 2015 el contratista principal, por incumplimientos abandona la obra y paga la garantía de 100 millones de dólares. En tercera instancia cuando habiendo fracasado el contratista principal y, meses después, también haber fracasado las obras del dragado y del gasoducto se prosigue contratando consultoras para reformular el proyecto y por cuarta vez cuando se intenta buscar un socio y se acerca Shell a las conversaciones y también definitivamente Shell se desvincula de la posibilidad de ser parte del emprendimiento, entonces de alguna manera todos estos hechos están detectados y detallados en el informe de Price, más algunos otros que bueno, a lo largo del informe de 600 páginas se han detallado», dijo la presidenta de la empresa estatal.

Emaldi dijo que el gasto ocurrido durante el proyecto de la regasificadora es de 213 millones de dólares en primera instancia, a lo cual «se van a sumar, los juicios, desmantelamiento de pilotes y gastos de funcionamiento actual que siguen en ese proceso».

«De eso hay 113 millones que UTE y Ancap aportaron de sus fondos, por lo cual entendemos que eso fue de alguna manera dineros públicos y lo que ocasiona como daño patrimonial al estado en ese sentido».
Respecto a la necesidad de la planta, dijo que el informe de PWC muestra que la demanda local «no justificaba» la existencia de un proyecto de esos volúmenes.

«Uruguay puede necesitar gas pero no en esos volúmenes y de alguna manera queda reflejado, porque en el mismo momento se estaban haciendo los proyectos eólicos, que como todos sabemos terminaron con la instalación de 1500 megavatios (MW) más la energía proveniente de biomasa y fotovoltaica», afirmó.

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