Este miércoles la Comisión de Vivienda de Cámara de Representantes recibió a integrantes de 15 familias que podrían quedar en la calle por obras en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

La ex diputada Susana Andrade, fue quien presentó la problemática y el Legislador frenteamplista Felipe Carballo la trasladó a la bancada del Frente Amplio.

Las familias afectadas habitan un predio cercano al Parlamento que sería desalojado,  «para ornamentación de los alrededores de los edificios parlamentarios». Estas personas se encuentran en una situación económica, social y de salud absolutamente precaria.

«Hay hogares monoparentales; discapacitados; adultos mayores; hay decenas de niños, uno del espectro autista; mujeres solas con hijos, ancianos enfermos, gente afectada por pérdidas laborales durante la pandemia. Son quince familias. Esto data de los procesos iniciados en 2014 cuando fueron realojadas cincuenta familias, pero los habitantes de estos predios quedaron sin amparo en las proyecciones de ayuda en su derecho a la vivienda», explica un comunicado de prensa que difundió un grupo de vecinas y vecinos.

Las familias señalan que la vicepresidenta Argimón encabeza las acciones de desalojo suscritas por el actual Ministro del Mides, Martín Lema, que, aparentemente, son legales. «El punto es hasta qué punto son humanas. Pensamos que es imprescindible una mirada política de la situación actual, las condiciones cambiaron en tanto tiempo. Si no se dan realojos, que tal vez haya algunas posibilidades, al menos que se prorroguen los plazos y poner un pienso parlamentario. Le queda feo al Legislativo nacional tirar quince familias a la calle por embellecer sus inmediaciones».

«No tenemos donde ir»

En diálogo con Caras y Caretas, uno de los vecinos, que vive en la calle Ramón Escobar y Francisco Acuña de Figueroa, explicó que algunas de las familias que recibieron en agosto el documento de desalojo viven en ese predio desde hace más de 40 años y se enfrentan a la situación de tener que dejar el lugar en 15 días. «La mayoría no tenemos donde irnos, somos gente de bajos recursos, que hace changas, que hace ferias, madres solteras, personas discapacitadas y adultos mayores. Nos parece muy de golpe, muy agresivo, que en tan poco tiempo nos tiren a la calle sin darnos una solución».

«Más que nada queremos plantear que estamos unidos, que somos un grupo de vecinos que queremos un techo para nosotros, para nuestros hijos, nuestros viejos, que tienen derecho a una vivienda y a quedarse tranquilos en su casa».

Otra vecina contó que al llegar al predio le alquilo la vivienda al propietario y que cuando este falleció quedó el predio quedó en manos del Palacio Legislativo.

Por otro lado, vecinas y vecinos enfatizaron en que «si bien son de bajos recursos» son trabajadores, personas con oficios que «no están pidiendo nada regalado» y van a pagar por la solución que se les brinde.

 

Calles Ramón escobar y Acuña de Figueroa

Situación jurídica

El grupo de vecinas y vecinos acudió al Parlamento con «asesoramiento legal solidario» del abogado Mauricio Vázquez.  El profesional explicó que dos o tres familias ya recibieron la notificación de desalojo, con el cedulón genérico para todos los integrantes de las viviendas.

Con respecto a la reunión con la presidenta de la Comisión de Vivienda, Susana Pereyra, Vázquez explicó que se planteó que las obras que se realizarán en el marco del los 100 años del Palacio Legislativo implican un costo político «de dejar 15 familias en la calle».

La respuesta que se des dio, dijo el abogado, fue «que estaban abiertos a negociar, junto con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, una solución para las familias, pero que, como administradores de los bienes públicos, consideran que estas viviendas que ocupan son bienes públicos»

«Nos confirmaron que se va a a continuar con los procesos de desalojo, mientras se busca una solución», agregó.



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