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Operación
Ayala

En diciembre de 2021 el Departamento de Delitos Informáticos
de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado de Interpol
(D.G.L.C.C.O e INTERPOL) tomó conocimiento de un usuario de Facebook en Uruguay
que estaría intercambiando ocho archivos de video e imágenes de material de
abuso sexual infantil con otros usuarios de varios países.

A raíz de esto se puso en marcha la Operación Ayala y se
realizó un allanamiento en Mercedes (Soriano), donde se incautaron dispositivos
electrónicos, según informó el Ministerio del Interior este miércoles. Tras ser
analizados, surgieron elementos que motivaron a que el magistrado actuante
dispusiera una orden de detención para el implicado, quien posteriormente fue
detenido en su domicilio de dicha ciudad.

Puesto a disposición de la Justicia, se condenó a A.A.A.N.,
de 67 años, como “autor penalmente responsable de un delito continuado previsto
en el art. 2 de la Ley N.º 17.815 en la modalidad de almacenamiento de material
pornográfico en que aparezca la imagen u otra forma de representación de
personas menores de edad, a la pena de 16 meses de prisión”. Dicha condena será
dividida entre ocho meses de prisión efectiva y ocho de libertad a prueba.

Operación Angon

En el mismo mes, Interpol fue alertada sobre un usuario de
Facebook que habría intercambiado con un grupo de usuarios de varios países 24
archivos de video e imágenes de material de abuso sexual infantil.

Realizada la investigación pertinente se allanó una casa en
el paraje Las Flores del departamento de Colonia, donde se incautaron
dispositivos electrónicos y se detuvo al implicado.

Puesto a disposición de la Justicia, se condenó a M.A.G.P.,
de 33 años, “como autor penalmente responsable de un delito continuado de
almacenamiento de material pornográfico en que aparezca la imagen u otra
representación de personas menores de edad a la pena de 16 meses de prisión”. De
esa cantidad, ocho son de prisión efectiva y los restantes de libertad a
prueba, debiendo cumplir, entre otras medidas, con la obligación de prestar
servicios comunitarios con una carga de seis horas semanales y cumplir un
programa formativo laboral.

Operación Peluka

Por otro lado, se llevó a cabo en enero de este año la
Operación Peluka, luego de que la ONG global sin fines de lucro NCMEC (contra
la explotación sexual infantil y niños desaparecidos) alertara respecto a un
usuario de Google que habría intercambiado con otro usuario, o grupo de
usuarios de varios países, un total de 1.302 archivos de video e imágenes de
material de abuso sexual infantil, aportando además el nombre con que se
identifica el sospechoso.

De acuerdo con la cartera, una vez realizadas las
actuaciones impartidas por la Fiscalía actuante se hizo un allanamiento en el
barrio Capurro donde se incautaron dispositivos electrónicos y se detuvo al
implicado.

Puesto a disposición de la Justicia, se condenó a Ignacio
Agustín Morales Martínez, de 19 años, poseedor de un antecedente penal, “como
autor penalmente responsable de un delito continuado previsto en el art. 2 de
la Ley N.º 17.815 en las modalidades de almacenamiento y difusión de material
pornográfico en que aparezca la imagen u otra forma de representación de
personas menores de edad en régimen de reiteración real con un delito de grooming
o ciberacoso previsto en el art. 277 bis del Código Penal, a la pena de dos
años de penitenciaría”.

A su vez se dispuso que se suspenda “el ejercicio de la
patria potestad o guarda del penado” y que se lo inhabilite “para el ejercicio
para funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas
aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas
con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, por un plazo
de 10 años” (art. 79 de la Ley 19.580).

Operación Ramas

También en enero, el Ministerio del Interior fue informado
de un usuario de Google y “un número de abonado de nuestro país” que habría intercambiado
con un grupo de usuarios de varios países un total de 301 archivos de videos e
imágenes de material de abuso sexual infantil.

Bajo la órbita de la Fiscalía actuante, se allanó una
vivienda en el barrio Cerrito de la Victoria. Se lograron incautar dispositivos
electrónicos y, posteriormente, se detuvo al implicado en su lugar de trabajo
en el barrio Capurro.

Culminadas las instancias judiciales se condenó a
M.A R., de 58 años, “como autor responsable de un delito continuado
previsto en el art. 2 de la Ley N.º 17.815 en la modalidad de
almacenamiento de material pornográfico en que aparezca la imagen u
otra forma de representación de personas menores de edad”, a
una pena de 17 meses de prisión. De ellos, 10 son de prisión efectiva
y 7 de arresto domiciliario nocturno de 22:00 a 06:00 durante
los primeros dos meses y por un régimen de libertad a prueba
durante el plazo señalado. Además, deberá, entre otras medidas,
prestar servicios comunitarios por el plazo de cuatro horas
semanales por el lapso de la libertad a prueba.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 del
Código Penal y art. 79 de la Ley N.º 19.580, se le declaró la pérdida o
inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela,
guarda o tenencia de niñas, niños, o adolescentes o personas con discapacidad y
personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de
funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas
aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes o personas
con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, cargos
públicos o privados en la educación o la salud.

Operación Global

Finalmente, a raíz de una comunicación internacional de la
Brigada de Cibercrimen Metropolitana de Chile, se realizó una investigación que
permitió detectar e identificar direcciones IP de sujetos que se encontraban
distribuyendo y almacenando a través de la Red P2P BitTorrent archivos
digitales de pornografía infantil con alto nivel de violencia a menores de 0 a
10 años desde conexiones de nuestro país.

A raíz de esto, el 27 de setiembre de 2019 se realizaron
allanamientos que derivaron en la detención de los imputados e incautación de
efectos electrónicos. Posteriormente, el 10 de diciembre del mismo año,
mediante Decreto 3330/19 del Juzgado Penal de 37.º turno, los imputados fueron
formalizados por “un delito de almacenamiento y difusión de material
pornográfico en el que aparece la imagen o cualquier otra forma de
representación de una persona menor de edad” imponiendo a cada uno de ellos
medidas sustitutivas por 180 días.

Posteriormente, en marzo de este año se recibió una
comunicación telefónica de la Jueza Letrada de 1.º Instancia en lo Penal de 30.º
turno que dispuso que se revoque la sentencia en primera instancia apelada. Así, se condenó a L.N.A.R. «como autor penalmente responsable de un delito previsto en el artículo 2 de la Ley N.º 17.815, en la redacción dada por la Ley N.º 19.643, en la modalidad de difusión de material pornográfico en el cual aparecen personas menores de edad, a sufrir la pena de 18 meses de prisión». También se condenó a C.W.P.P. y R.G.D.G. como «autores penalmente responsables de un delito previsto en el artículo 2 de la Ley N.º 17.815, en la redacción dada por la Ley N.º 19.643, en la modalidad de difusión de material pornográfico en el cual aparecen personas menores de edad, a sufrir cada uno de ellos, la pena de 24 meses de prisión”.

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