Venezuela en la crisis mundial

De las crisis mundiales en marcha al papel estelar en Venezuela

Siempre he sido más de Albert Camus que de Sartre, principalmente porque no suelo creer que el fin justifique los medios. Los atajos siempre se pagan, pero no por ningún tipo de karma o castigo divino, sino porque es más fácil romper las instituciones que crearlas. Cuando se rompen, incluso creyendo que es por una buena causa, ocurre como con esos senderos que, por ahorrar pasos, trazan en la hierba con sus pisadas el fin de los acuerdos: lo fácil sustituye a lo conveniente. Lo que no quita que debamos caer en la ingenuidad de pensar, como el último samurai, que con una katana puedes derrotar a los cañones del emperador.

El pensamiento siempre debe ser situado, pero, al tiempo, capaz de ver las corrientes profundas que hay detrás de la realidad. Se trata de atar cabos. Por ejemplo, preguntándonos ¿qué hace Elon Musk entrevistando y financiando a Donald Trump, ayudando a Netanyahu a masacrar a los palestinos y llenando X de falsas noticias sobre Venezuela? ¿A quién beneficia que siempre Venezuela esté bajo sospecha? ¿Por qué tanto interés en que prestemos tanta atención a Venezuela? ¿Qué tiene Venezuela para concitar tanto interés? Pues petróleo y marcar rutas alternativas.

Nadie diría que ha habido un terremoto político en Bangladés y que la primera ministra ha abandonado el país. Tampoco que, como ya viene siendo costumbre, que Israel haya bombardeado otra escuela matando a cientos de personas. Nadie sabe que en Ecuador persiguen a los opositores de izquierda con ayuda de jueces corruptos, o que el Tribunal Supremo en EEUU dicta sentencia invariablemente según las necesidades de Donald Trump, que fue quien les nombró. Tampoco que en España el gobierno de los jueces ha estado cinco años fuera de la Constitución y que, aun después de su renovación, no son capaces de elegir presidente porque la derecha se juega que jueces imparciales juzguen sus muchos casos de corrupción. Poca gente sabe qué pasa en Yemen o en Nigeria, que hay una enorme protesta social en la Argentina de Milei o que en Perú la presidenta lo es por un golpe de Estado. Pero todos los días «que si Venezuela…». ¿Por qué un país medio, con una renta pequeña y sin conflictos bélicos con sus vecinos ha ganado tanta atención? ¿No será que ejemplifica un nuevo modelo de fractura del capitalismo después de la caída de la Unión Soviética?

Cuenta el profesor y diplomático Augusto Zamora (en Venezuela, primero la soberanía nacional, luego la popular) que los EEUU intentaron, invariablemente, tumbar al gobierno sandinista desde que se hicieron con el gobierno en 1979. En 1984, y en medio de una brutal intervención militar estadounidense, el Gobierno sandinista entendió la conveniencia de convocar elecciones que terminaran con las acusaciones de que el país era una «dictadura que oprimía a su pueblo». Como la economía funcionaba y el nivel de vida de los nicaragüenses había mejorado, la victoria sandinista era un hecho asumido por todos los sectores. Ante esa perspectiva, la oposición, mandatada por los EEUU, se retiró de las elecciones, lo que permitió que Washington negase el resultado y continuara la guerra. Dio absolutamente igual que toda la observación internacional reconociera la limpieza del proceso.

La presión norteamericana fue agravándose, financiando con droga, en una operación oculta, a una insurgencia armada, la Contra, que devastó al país en una guerra sin fin. En 1990 había nuevas elecciones en Nicaragua, en mitad de una economía arruinada por la guerra. EEUU, por si no bastara, dijo que, si volvían a ganar los sandinistas, la guerra continuaría. Recuerdo a una madre sandinista votar llorando por la oposición para que se acabara la guerra y que el hijo que le quedaba no muriera. La oposición, una vez más organizada por los EEUU, sí se presentó en esa ocasión a las elecciones, recuperando el discurso «democracia y libertad contra dictadura». Financiados hasta la saciedad y aupados como los únicos garantes de finalizar la guerra, ganaron. La Contra entonces se disolvió, regalaron el país a los inversores norteamericanos y los nacionales colaboracionistas se repartieron las migajas. Cualquier persona con un poco de decencia verá que se parece bastante a lo que está pasando en Venezuela.

Hay tres grandes crisis sin cuyo análisis es imposible entender lo que está pasando ahora mismo en el mundo y, en concreto, en Venezuela. Por un lado, está la crisis medioambiental y de recursos. En segundo lugar, la crisis de la hegemonía norteamericana, verificada en las transformaciones de los países en donde se asentaba su hegemonía Japón, Alemania, Inglaterra, Israel, Irán, sus dificultades para ganar guerras y mantener su predominio militar y económico en áreas donde antes no tenía disputa. En tercer lugar lo que no implica menor importancia, la crisis del modelo neoliberal vigente desde los años 70 del siglo pasado y herido de muerte desde la crisis de 2008.

Este contexto de crisis hace que cualquier análisis que realicemos de cualquier país haya que evaluarlo también desde las claves geopolíticas que determinan esas crisis. No es que antes no fueran necesarios estos análisis. De hecho, el gran déficit del marxismo, junto con la ignorancia de la acumulación de capital vinculada al contrato sexual, es la acumulación vinculada al colonialismo en cualquiera de sus formas, recordada después de Marx por Rosa Luxemburgo, Rudolf Hilferding y Lenin a comienzos del siglo XX. Como decía Horkheimer, «quien no quiera hablar de capitalismo debe callar también sobre el fascismo». Pero en momentos de crisis, los intentos de hacer valer la preeminencia van a llevar a las élites nacionales y globales a exacerbar su control de los recursos, a forzar el mantenimiento del control geopolítico y a depositar en la extrema derecha el control de las mujeres. Como en el fascismo, el capital y la política se convierten en funcionales el uno al otro. Si el capitalismo siempre es violento con quien le desafía, en momentos de crisis toma anabolizantes. Como está pasando.

Pensemos que desde la creación del Estado de Israel en 1948, la evaluación occidental de este país se medía por su condición democrática, lo que contrastaría con el grueso de los países de su entorno, teocracias donde no había elecciones, partidos ni libertades individuales. El genocidio en marcha de Israel sobre el pueblo palestino solo se explica con estos cambios en las variables geopolíticas, lo que al mismo tiempo da cuenta del apoyo estadounidense a Netanyahu, de la misma manera que la Argentina de Milei se ha convertido en un apoyo incuestionable de la política de exterminio de los palestinos por el gobierno de Israel. Ninguno de estos extremos se explica sin las variables globales.

Elecciones en Venezuela del 28 de julio: una pelea desigual

En este contexto se han dado las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio. Nicolás Maduro podía no haber convocado las elecciones, y mucha gente hubiera entendido el argumento de que el bloqueo económico y las sanciones internacionales, que han ejercido en su economía el efecto de tres grandes depresiones estadounidenses, impedían las condiciones mínimas de competitividad para desplegar una democracia liberal donde todos los candidatos tuvieran las mismas oportunidades (How four U.S. presidents unleashed economic warfare across the globe).

Este no es un dato menor, porque los que expresan enormes exigencias a cualquier país desobediente esto es, que se coloca en lo emergente respecto de las tres crisis mencionadas son muy laxos a la hora de reclamar a los sectores conservadores que cumplan con los requisitos básicos de las democracias liberales que, curiosamente, les benefician principalmente a ellos. Y creo que la izquierda hace bien en ser exigente con el cumplimiento de las formalidades democráticas y debe ser escrupulosa en la defensa de los derechos humanos. Sin excusas. Pero es que vivimos en la paradoja de que es la izquierda la que está defendiendo la democracia liberal, mientras que es la derecha la que la vulnera con el lawfare aplicado por jueces corruptos (que tienen a buena parte de los liderazgos de la izquierda enjuiciados); con las fake news que estigmatizan a la izquierda (con un papel estelar creciente de los bulos en las redes sociales); con el uso de los aparatos del Estado para perseguir adversarios; con los think tanks que financian a los candidatos de la derecha de manera global; y, por supuesto, con el uso de bloqueos y sanciones internacionales que buscan debilitar la capacidad electoral de los que desafían el statu quo global.

Sin embargo, Maduro convocó las elecciones, en las que han participado, además del Gran Polo Patriótico (donde está el PSUV de Nicolás Maduro), nueve partidos de oposición, encargándose la Plataforma Unitaria Democrática de Edmundo González y María Corina Machado de ningunear al resto. Machado está inhabilitada por haber cometido el delito de pedir desde Panamá la intervención militar norteamericana en el país, hecho que suele ocultarse o maquillarse. El candidato natural de la oposición debiera haber sido Manuel Rosales, gobernador del Zulia, y que ya contendió contra Chávez. Pero las presiones del ala dura con Machado y los EEUU terminaron eligiendo a una persona anciana, Edmundo González Urrutia, que garantizaba el seguidismo de las directrices de Machado.

González es un diplomático que fue el número dos de la Embajada venezolana en El Salvador en los tiempos en los que los escuadrones de la muerte sembraron el terror en el país. Siempre se ha señalado la colaboración de la Embajada venezolana de la época en aquella operación terrorista. Es evidente que González, número dos de la sede diplomática, supo de aquellas barbaridades y de la colaboración de su Embajada. De ahí que EEUU prefiriera su candidatura. González, que fue embajador en Argentina, reconoció en 2002 como presidente a Carmona Estanga, el jefe de la patronal nombrado tras el golpe que derribó a Chávez. Igualmente, tanto él como Machado reconocieron como presidente a Juan Guaidó, autoproclamado como tal en una plaza, sin votos, actas ni cumplimiento de ninguna formalidad democrática.

Valgan estas notas para entender que la oposición venezolana representada por Machado y González nunca ha tenido ningún compromiso democrático y que, por tanto, sus reclamaciones de fraude hoy son una continuación de las reclamaciones de fraude, acompañadas de intenciones golpistas, que vienen esgrimiendo desde que Chávez sacó a la derecha del gobierno de Venezuela. Presentarles como «luchadores por la libertad» es un insulto a la verdad y al sentido común.

El guion de la oposición se escribe siempre fuera

La oposición de Machado y González ha ejecutado un guion bien planificado. Una vez que aceptaron participar en las elecciones y, por tanto, someterse a la legalidad electoral venezolana, comenzaron a desplegar en todos los medios occidentales encuestas que daban ganador a González. De esta manera, las acusaciones de fraude, que se sabía iban a expresar, tenían el refuerzo en los mismos medios que defendieron que había armas de destrucción masiva en Irak, explicaron que Lula era un ladrón que merecía estar en la cárcel, propagaron la culpabilidad de Rafael Correa, persiguieron en España a Podemos y hoy defienden el genocidio palestino en Gaza. Las encuestas se han convertido en un arma performativa que busca inventar la realidad.

En segundo lugar, y una vez arrancada ya la campaña electoral, la Plataforma Unitaria dijo en rueda de prensa que no iban a aceptar el resultado que dictara el Consejo Nacional Electoral. Solo darían por buenos los datos que obraran en su poder, es decir, que regresaban al pasado de Venezuela, donde las actas de los partidos negaban el resultado de los votos. Lo lógico es que, si no confiaban en el sistema electoral, se retiraran. Pero los planes eran otros. En más de 20 años y en 32 elecciones, nunca se ha demostrado que haya habido fraude en Venezuela. De hecho, el sistema electoral, electrónico y encriptado, es imposible de manipular, como ha dicho el 100 % de los expertos imparciales del mundo.

Aquí conviene aclarar algo que no siempre se entiende. En Venezuela funcionaba durante la llamada IV República el principio «acta mata voto», de manera que los dos principales partidos se robaban las elecciones al manipular las actas. Algo bien conocido en muchos países. Recordemos el robo de las elecciones a López Obrador en México en 2006 y 2012. Por eso, el voto en Venezuela es electrónico, y lo que llamamos «acta» (que en buena parte de nuestros países es el documento que se hace en las mesas electorales tras el cierre de las mismas, el escrutinio físico de los votos y la firma del resultado por los miembros de la mesa y los testigos) en Venezuela es lo que dicta cada una de las 30.026 máquinas de cada mesa electoral. Que son auditadas antes, durante y después de las elecciones. Ahí, en esas urnas electrónicas, está la verdad de las elecciones.

Al finalizar el cierre de la mesa, los testigos de la misma firman sobre la máquina y, al tiempo que se manda al Consejo Nacional Electoral el resultado, sale una copia que se lleva cada uno de los testigos de los diferentes partidos. Pero cuidado: ese resguardo solo sirve para verificar que el conteo del CNE es correcto, pero no tiene validez legal porque se puede falsificar, que es lo que han hecho González y Machado subiendo actas falsas a una página web de la que hoy nadie quiere hacerse responsable porque han incurrido en un delito.

Cuando los ciudadanos votan en Venezuela, además de tener que verificar electrónicamente su identidad a través de una huella dactilográfica, eligen su voto en la pantalla, que será mandado encriptado al CNE y también recogen después de emitido el voto un resguardo con su elección, que al salir depositan en una caja de cartón (recordemos que la «urna» es la propia máquina, no esa caja de cartón). En el 54 % de las mesas y de manera aleatoria, se abren esas cajas de cartón y se cuentan los votos, se hace otra acta, que firman todos los miembros de la mesa y testigos de los partidos, y se manda en el mismo sobre que el acta oficial que ha salido de la urna electrónica. Al final, todo tiene que coincidir: número de votantes que han participado en cada mesa, el resultado que emite la urna con los votos de cada candidato, el resguardo los miembros de los diferentes partidos y, en el 54 % de las mesas, el voto escrutado físicamente de las cajas que se han abierto. No puede haber trampa. Pero la oposición, como decíamos, tenía un plan previo.

Una vez que la oposición dijo que no aceptaría el resultado del CNE, nada mejor que interferir en ese resultado. El domingo por la tarde, el CNE recibió un ataque cibernético brutal, reseñado y demostrado, aunque hay quienes insisten en cuestionarlo (dos semanas después del fin de las elecciones, la página de PDVSA está hackeada, igual que la del CNE, y llevan una semana recibiendo durísimos ataques CANTV, el SENIAT, MINTUR, el BCV, etc.). La empresa norteamericana Netscout y la rusa Kaspersky han certificado que Venezuela ha sido el país más atacado cibernéticamente durante los meses de julio y agosto. Treinta millones de ataques por minuto. Ataques financiados por agentes extranjeros y que ya fueron denunciados como práctica común de los EEUU por el informante Edward Snowden. Llama la atención la frivolidad de algunos comentaristas negando la existencia de los ataques para justificar el relato del fraude.

Si el CNE no podía salir a dar el resultado electoral, la Plataforma Unitaria lo haría con sus supuestas actas. Efectivamente, salieron diferentes voceros, entre ellos María Corina Machado y Edmundo González, diciendo que tenían las actas (aunque cada uno citó un porcentaje diferente, siendo lo cierto que debían tener el 100 % de los resguardos, pues tenían testigos en todas las mesas). Y que ganaban 70 a 30, algo que salió a desmentir incluso el consultor por excelencia de la derecha, Durán Barbá, diciendo que eso era un montaje. Hoy se sabe que una parte importante de las actas presentadas en la página web sobre la que se ha montado el argumentario de la derecha eran falsificaciones. Así mismo, atribuyeron en todos los estados el mismo resultado a González y a Maduro, lo que las hace increíbles.

El jefe del Comando de Campaña de Maduro, Jorge Rodríguez, afirmó: «Como forma de sustituir al CNE, es curioso que en los 23 estados del país y en los 335 municipios, González tiene 63 % y Maduro 30 %. Eso es matemáticamente imposible». Ciertamente, no es posible que el resultado se repita de manera idéntica en todas las regiones. Respecto de las acusaciones de inconsistencia matemática en el primer boletín del CNE, cuando estaba pugnando por salir del ataque cibernético otra de las construcciones para alimentar el clima de sospecha, hay que decir que, con la judicialización del resultado, las pruebas presentadas ante el TSJ acaban con cualquier sospecha. La pregunta relevante, y que valía tanto para el gobierno como para la oposición, es ¿por qué Edmundo González no ha presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia las actas que dice poseer?

El objetivo buscado en el guion de la oposición era equiparar al gobierno de Venezuela con el de Daniel Ortega en Nicaragua, de manera que buena parte de la izquierda mundial, que ha retirado su apoyo al actual gobierno sandinista, hiciera otro tanto con Venezuela. ¿Qué hacía falta para eso? Doscientos o trescientos muertos en las calles en los días siguientes a las elecciones. «Alguien» pagó a cientos de grupos para generar destrozos, agresiones y muertes. Unos contratados en Colombia, otros reclutados entre sectores marginales, otros, más experimentados, que ya habían participado en la lucha callejera anteriormente. Una amplia mayoría están detenidos y confesaron haber actuado por dinero. Llamó la atención que una gran mayoría ni siquiera había votado. Quemaron hospitales, ambulatorios, autobuses, vehículos, estaciones de policía, derribaron estatuas, atacaron radios populares, asesinaron a policías e hirieron a un centenar (la mitad de los heridos esos días). Estos grupos son los que se presentan en la prensa internacional como «luchadores de la libertad», como hicieron en los 80 con los muyahidines en la pelea contra la Unión Soviética o como denominaban a la Contra que luchaba contra el gobierno sandinista. Lo fascinante es que hay todavía gente que les crea. Detener y juzgar a esa gente es una obligación en un estado de derecho.

Con inteligencia, el Gobierno pidió a los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como al chavismo, que no respondieran con violencia, pues ahí tendría lugar el «baño de sangre» del que alertó Maduro (y que los medios presentaron como si fuera una oferta suya, y no una consecuencia de la llegada del fascismo al poder). Se han registrado una veintena de muertes esas noches. El balance de esos actos de violencia formará parte de los informes que se emitan sobre la existencia de un intento de golpe de Estado, de la misma manera que deberá investigarse el cumplimiento de los protocolos por parte de las fuerzas de seguridad. Pero, una vez más, mienten quienes presentan las detenciones como actos arbitrarios. En España, después del llamado independentista, donde no se ejerció ningún tipo de violencia, fueron juzgadas más de 2.000 personas.

Cuando los guiones fallan, quemas las naves

Pero los guiones también pueden ser defectuosos cuando se aplican. A la oposición no le ha funcionado el plan y por eso está intentando fortalecer el ámbito donde tiene más músculo, que es la esfera internacional. Aunque tarde, el CNE dio datos, más elaborados en el segundo boletín, cuando la pelea contra el hackeo se estaba superando. El hecho es que la publicación de los boletines del CNE frenaron el sabotaje general, de manera que el martes la calle había recuperado la normalidad y muchos países reconocieron el resultado. Otros, a diferencia de lo que ocurrió en otros momentos, se han declarado dispuestos a asumir lo que zanje el árbitro electoral, al tiempo que han pedido, como en cualquier elección, transparencia en la exposición de los resultados para que se termine cualquier sospecha o manipulación interesada. Pero repetimos: la oposición nunca ha necesitado actas ni resultados oficiales para nombrar a «sus» presidentes.

Es en ese contexto de fracaso de la insurrección civil convocada por la oposición, cuando María Corina Machado decide quemar las naves y llamar a una insurrección militar. En España, por mucho menos se encarceló a los políticos independentistas catalanes. Es curioso que los mismos que en la derecha española quieren cárcel incondicional para los independentistas le exigen a Nicolás Maduro que negocie con una presunta delincuente, María Corina Machado, cuyo único diálogo en cualquier país sería con su abogado y con la Justicia.

Con el 96,87 % del voto escrutado, el segundo boletín del CNE establecía ganador a Nicolás Maduro. Aumentaba la brecha respecto del primer boletín, y otorgaba el 51,95 % a Maduro frente al 43,18 % de González Urrutia. La participación fue del 59,97 % del padrón electoral, es decir, unos 12 millones de personas. Pese al anuncio del árbitro electoral, el guion de la «revolución de colores» continuaba.

Fue entonces, ante el desconocimiento por parte de un sector de la oposición del resultado electoral, que el presidente reelecto presentó un contencioso-electoral ante la sala político-electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de que fuera la máxima autoridad judicial quien certificara, de manera definitiva y tras un proceso de investigación y verificación, los resultados del proceso electoral del pasado 28 de julio.

El presidente Maduro ha hablado de un intento de golpe de estado, lo que ha sido descalificado por sectores de la oposición. La controversia debe dilucidarse. Los muertos y los destrozos están ahí. Le corresponderá igualmente al TSJ evaluar tanto los ataques informáticos sufridos por el CNE como la calificación de los actos que tenían como evidente objetivo distorsionar el resultado electoral. La petición de Brasil, México, Colombia, España y otros países de respetar el resultado que emane de las autoridades, al igual que la petición de transparencia respecto de los resultados, parece sensata. No olvidemos que las actas en Venezuela son las que dictan las urnas electrónicas y la contrastación de ese veredicto con las actas de resguardo en poder de los diferentes partidos zanjará esta discusión. Este 12 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México ratificó los resultados que hacen presidenta a Claudia Sheinbaum (dos meses después de las elecciones). Del mismo modo, le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en concreto a su sala político-electoral, dictar el fallo que verifique quién es el ganador de las elecciones en el país.

La discusión interna ya no existe en Venezuela, y ese resultado que emita el TSJ debiera terminar con la presión internacional, interesada y tramposa en su origen, aunque ha convencido a gente honesta que ha terminado creyendo las mentiras de la oposición (es curioso que hay una parte de la oposición que se cree sus propias mentiras, lo que indica una vez más la fuerza de los medios de comunicación y de las redes sociales). No es la primera vez que la oposición venezolana, con los mismos actores políticos la derecha venezolana no ha experimentado ningún tipo de renovación, desconoce el resultado electoral, nombra a un presidente al margen de las elecciones (lo ha hecho tres veces, con Carmona Estanga, con Guaidó y ahora con González), genera violencia en las calles, atribuye la violencia al Gobierno, realiza sabotajes e invita a sectores del Ejército a levantarse para que incumplan su juramento constitucional.