La Asamblea General ratificó este miércoles el veto a la ley forestal interpuesto por el presidente Luis Lacalle Pou. El proyecto sobre suelos de prioridad forestal fue promovido por Cabildo Abierto y contó con los votos del Frente Amplio para su aprobación en el Senado el 15 de diciembre.

Lacalle Pou había anticipado que vetaría la ley si fuera aprobada por el Parlamento. El pasado 16 de diciembre se conocieron los fundamentos del veto presidencial.

El Poder Ejecutivo aseguraba que “el texto aprobado por el Parlamento vulnera los derechos de propiedad, libertad y de trabajo establecidos en los artículos 32, 36, 50 inciso 1° y 53 de la Constitución de la República”.

“En el caso, resulta notoria e innecesariamente afectada la libertad de producción”, afirmaba en el documento enviado a la Asamblea General. “El Proyecto de Ley aprobado, no sólo generaría graves perjuicios económicos, sino que afecta la seguridad jurídica, principio fundamental, imprescindible para mantener el desarrollo económico, los procesos de inversión y el prestigio internacional del país conquistado históricamente”.

“Por lo expresado, el Poder Ejecutivo entiende que la promulgación de la Ley a consideración apareja una afectación de la cadena productiva forestal con impacto en la economía nacional y constituye una norma que contrasta con las normas y principios constitucionales que se detallaran y que algunos fueran recogidos en la Ley Forestal N° 15.939 que, además, es una ley de fomento por oposición a la que se veta a través del presente”.

Finalmente, este miércoles 16 senadores y 53 diputados, 69 legisladores, votaron afirmativamente por levantar el veto presidencial. Se necesitaban 78 votos (3/5 del total de componentes de cada cámara) para levantar la observación interpuesta por Lacalle Pou a la ley.

Por partidos, a favor de mantener el veto votaron el Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y el Partido de la Gente. En tanto, por levantar la observación presidencial votaron Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el PERI de César Vega.

Alfredo Fratti, diputado por el FA, expuso en la sesión: “Vetar la ley forestal aprobada por este Parlamento es optar entre dos intereses en disputa: por un lado, el interés general de la mayoría de los uruguayos; por el otro lado, el interés particular de un grupo forestal productor de madera, en base a macizos de eucaliptos en tierras que no estaban clasificadas como de prioridad forestal, pero sí están próximas a las tres plantas de celulosa ya instaladas en el país”. Para Fratti, en consecuencia, entre los grupos perjudicados está “el eslabón más débil de la ganadería: los productores ganaderos, criadores del Uruguay profundo y que pertenecen al principal grupo productivo familiar”.

Por su parte el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, declaró: “La observación del Poder Ejecutivo contra el proyecto deja inerme a una cantidad enorme de productores agropecuarios frente a unas pocas empresas extranjeras, que se han establecido en el país gozando de prebendas que las colocan en situación de privilegio frente a otras producciones que no gozan de la concesión de zonas francas, exoneraciones tributarias, construcción de obras públicas para su exclusivo beneficio, etcétera”.

Aseguró que esas exenciones fiscales tienen un costo de 4.600 millones de dólares que son abonados “por el resto de nuestra sociedad en beneficio de quienes han contratado con el anterior gobierno y el actual, mediante negociaciones que llevaron a cabo con secretismo, sin el aval generalizado del sistema político”.



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