La excandidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, decidió firmar por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, porque “plantean reformas retrógradas que dan pasos hacia atrás de los avances que el Uruguay había tenido en materia de reconocimiento de los derechos de la ciudadanía”.

 “Yo firmé por habilitar el referéndum que nos habilite a dar la discusión que hace falta por la Ley de Urgente Consideración, para poder fundamentar por qué queremos derogar estos 135 artículos, que resumen los aspectos más regresivos de estas casi 15 leyes incluidas en los más de 500 artículos de esta norma”, señaló.

En primer lugar, explicó Villar,  “porque metodológicamente va en contra del sistema republicano, donde las propuestas de leyes que cambian y modifican reglas de juego que hasta ahora el Estado uruguayo había asumido independientemente del color o el signo de los distintos gobiernos, deben ser sometidas al debate parlamentario, y en este caso eso fue imposible, porque la LUC planteó el acumulado de normas y leyes que abarcaban muy diferentes ámbitos de la vida del país”.

Cuestionó especialmente el “gran capítulo que aborda todos los temas de la seguridad”, donde muchos aspectos incluidos “fueron parte de un referéndum popular que tenía que ver con que el miedo no era la forma, y donde la mayoría del pueblo se expidió en contra de las reformas que se querían hacer, y que tenían que ver además con la afectación de los derechos de los adolescentes”.

Pero además, se profundiza en aspectos como a legítima defensa, “donde se prioriza la defensa de la propiedad sobre el riesgo de vida de una persona. Esto quiere decir que se pueda matar impunemente a quien salte el alambrado de un campo, solo por el hecho de haber pisado el campo de otra persona, aunque no haya puesto en riesgo la vida de nadie”.

“Este es un aspecto sustancial que hace a la defensa de los Derechos Humanos y que amplia la legítima defensa hasta límites no reconocidos hasta ahora”.

“Porque habilita a que exagentes policiales ya retirados de la fuerza formal, puedan portar armas y actuar en nombre de no se sabe qué encuadre jurídico o con qué derechos, rebajando los derechos individuales de la ciudadanía, y exponiendo a que cualquier persona que dejó de pertenecer al cuerpo policial, pueda usar un arma en beneficio de sus intereses personales”.

“Si le molestó que un vecino tenga la música alta puede intervenir portando un arma. Eso rebaja la calidad democrática”, consideró.

Otro aspecto que consideró muy importante es la penalización de la movilización, porque “se pretende limitar el derecho de la ciudadanía a expresarse, por considerar que se está cometiendo un delito. En este país se ha mostrado a lo largo y lo ancho de la historia que los movimientos sociales y sindicales han tenido profunda responsabilidad en sus acciones”.

“Está coartando el legítimo derecho de un trabajador que puede ir a trabajar un día y encontrarse con la empresa cerrada o que reclamando haberes atrasados no pueda hacer una movilización porque esto está penalizado”, agregó.

También cuestionó que “se pueda desplazar del sistema de educación pública de este país a la Universidad de la República, como ente rector de la educación a nivel nacional, poniéndola en igualdad de condiciones con las universidades privadas. Esto supone también, una modificación del concepto de la garantía democrática del Uruguay, donde la educación pública es una garantía de acceso de los sectores más vulnerables, a los sectores medios y a los altos, en igualdad de condiciones”.

“A la vez, se desplaza la presencia de los educadores. formados en educación, en los ámbitos de dirección, tanto de  Primaria como Secundaria, sabiendo que son los protagonistas esenciales de cualquier proceso que se lleva adelante en la educación”.

“Eso es volver a viejos ámbitos, donde respaldados y apoyados desde Ministerio de Educación, se disminuye la autonomía de estos ámbitos educativos, generando decisiones de carácter político que no toman en cuenta la formación pedagógica de los actores fundamentales que fueron formados para eso”.

Por otra parte, en momentos de pandemia, y con todos los problemas de viviendas que sabemos que tenemos, resulta muy peligroso, “introducir un artículo que permite la posibilidad de los desalojos exprés, que habilitan a que, en 30 días, cualquier ciudadano o ciudadana que no haya podido pagar su alquiler pueda ser desalojado de forma inmediata”.

Para Villar, realizar todos estos cambios, implica “cambiar el sentido de la democracia, que este país ha venido desarrollando a lo largo de los últimos 40 años, desde la salida de la dictadura hasta ahora”.

“Por último, los aspectos que tienen que ver con la educación, son muy importantes porque demuestran una- visión de retroceso y elitización”, concluyó.



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